El Consejo General del Poder Judicial pide una ley integral y unitaria de siniestralidad laboral que permita actuar desde la prevención

Bravo lamenta que las consecuencias de accidentes iguales puedan juzgarse en distintos órdenes jurisdiccionales

La vocal-portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, exigió la semana pasada en Oviedo un cambio legislativo para la redacción de una ley integral y unitaria en materia de siniestralidad laboral que permita, ‘de una vez por todas’ actuar desde la prevención.

Bravo, que viajó a Oviedo para participar en un curso sobre siniestralidad laboral dirigido a jueces y magistrados, lamentó que, en la actualidad, ‘las consecuencias de accidentes iguales pueden ser juzgadas en distintos órdenes jurisdiccionales, lo que repercute negativamente en los intereses de los trabajadores’.

La vocal del órgano de gobierno de los jueces animó a los magistrados a ‘no inhibirse ante los principios de seguridad e higiene laboral’, porque España tiene ‘uno de los índices de siniestralidad más altos’.

A su juicio, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha perdido legitimidad ante la concepción de la salud como un aspecto global, que incumbe a ’empresarios, trabajadores y a la propia administración’.

Valoró, sin embargo, que los esfuerzos en la materia han permitido pasar de un enfoque ‘reactivo’ a otro ‘activo’, e instó a que la prevención no se centre exclusivamente en el derecho punitivo porque ‘la normativa no puede, por si sola, garantizar la seguridad en el trabajo’.

En el apartado de las críticas, habló de una histórica ausencia de coordinación entre las autoridades laborales, la Fiscalía y los Juzgados, agravada por la escasez de medios y por la propensión a acuerdos indemnizatorios.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral del sindicato UGT , Marisa Rufino, indicó que, paradójicamente, España es uno de los países de la Unión Europea donde más muertes por siniestralidad laboral se registran, pero uno de los que menos enfermedades laborales declaran. Un hecho que justificó por la práctica de las mutuas de derivar al Sistema Nacional de Salud las enfermedades laborales, como si se tratase de enfermedades comunes, ‘con el consiguiente perjuicio económico para el trabajador’, y por un ‘infradiagnóstico’ asociado a la falta de formación específica y de protocolos de trabajo de los facultativos.

Vía: Fundación Laboral de la Construcción

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