El Gobierno estudia modificar la Ley de Suelo para favorecer a la banca y al sector inmobiliario

Fomento pretende dar más valor a los terrenos destinados a la construcción y evitar que se expropien como si fueran rurales

El Gobierno estudia modificar la Ley de Suelo vigente para elevar las valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar que se puedan expropiar como si fueran rurales, a un precio muchísimo menor, como ocurre con la norma actual, lo que favorecería a los sectores inmobiliario y financiero. El Ministerio de Fomento quiere dar ‘seguridad jurídica’ y volver a referenciar las valoraciones de los suelos según las ventas de activos similares en sitios cercanos, es decir, que se utilizaría el método comparativo y no el de capitalización de rentas, que se usa para los activos rurales. Ahora, todos los terrenos no urbanizados y los urbanizados no consolidados se consideran rurales a efectos expropiatorios. Es decir, apenas valen nada, mientras que las entidades financieras tienen una exposición de 88.000 millones de euros en suelo (tanto créditos como adjudicados).

El ministro de Economía, Luis de Guindos, subrayó, a principios de este mes de mayo, que el problema mayor de la banca está en la valoración del suelo, a pesar de que la reforma financiera prevé una depreciación de su valor del 80%. En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 señaló que ‘los objetivos principales son la elaboración y el desarrollo de las normas estatales relativas al régimen del suelo y valoraciones’. Aunque el sistema de valoraciones anterior a la norma vigente se ha prorrogado de nuevo, el riesgo de expropiación sigue muy latente por la crisis (y por el afán recaudatorio de los ayuntamientos, en plena sequía fiscal). Las entidades financieras han cerrado el grifo de la financiación a esos activos o han reducido el importe financiable, y cuando se modifique la Ley de Suelo el crédito podría ser mayor y desaparecería la pérdida de valor que supone la expropiación a precio rural.

Los más beneficiados

Esta medida beneficiaría a los promotores, titulares de suelo y a los bancos, ya que sus balances mejorarían. ‘Van a poder ajustar el valor de sus activos; el nuevo valor ‘expropiatorio’ estaría más cerca del valor apuntado en los balances que del valor real’, apunta Lucio Rivas, director del bufete Gabinete de Urbanismo y Administración Pública. Además, las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los suelos que tienen en balance: ‘Se va a reactivar el mercado, porque el promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Operaciones que antes no lo eran ahora serían viables’, agrega Rivas, que formó parte de la Comisión de Expertos que asesoró sobre la Ley de Suelo estatal. Un tercer alivio para los bancos será que la modificación de la Ley de Suelo frenaría las prácticas de los ayuntamientos, que expropian forzosamente terrenos para quedarse a precio rural los terrenos urbanizables que no se hayan desarrollado tras pasar un número determinado de años. Para los municipios que no estipulen un plazo, el Gobierno marca un periodo de seis años, pero los ayuntamientos de peso lo delimitan claramente. Así, los alcaldes pretenden que los bancos, antes de verse expropiados, edifiquen esos solares, para que las arcas locales obtengan su trozo de la tarta. Los ayuntamientos también recurren a la ‘venta forzosa’ de los terrenos no desarrollados, por la que se obliga al dueño a traspasar el suelo, con un precio inicial del 50% del aprovechamiento lucrativo (la mitad del valor). Todo lo que exceda de ese 50% se lo queda la Administración.

Fuente: Expansión y Fundación Laboral de la Construcción

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